Múltiples reformas en el texto responden a negociaciones intensas durante el fin de semana para asegurar la media sanción. El Gobierno ha cedido a las demandas de la oposición aliada para lograr apoyo. La necesidad de avanzar en el trámite legislativo, sumada a la presión de los mercados y el FMI, llevó al Poder Ejecutivo a aceptar cambios sustanciales el domingo por la noche.

Entre las concesiones destacadas se encuentra la reducción de 11 a siete facultades delegadas al Presidente, eliminando la transferencia de activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad al Tesoro. Estas modificaciones surgieron después de intensas conversaciones entre el oficialismo y la oposición durante el fin de semana.

Se espera que el Gobierno acepte reducir las áreas declaradas en emergencia, disminuyendo la cantidad de facultades delegadas. También se excluye la capacidad de disolver empresas públicas y entidades específicas en el capítulo de reorganización administrativa.

A pesar de retirar el capítulo fiscal, subsisten partes del proyecto, incluyendo impuestos internos y medidas que podrían afectar a las cajas provinciales. Se espera que la sesión para debatir la Ley Ómnibus se concrete esta semana, aunque aún no se ha formalizado la convocatoria.

El bloque libertario se reunirá para definir la estrategia antes de encuentros con el oficialismo. Aunque el Gobierno buscaba sesionar el martes, algunos legisladores dialoguistas sugieren que la fecha podría posponerse al miércoles debido a la complejidad de los temas.

A pesar de la aprobación general esperada, la atención se centra en cómo se abordarán las votaciones particulares. La UCR y otros sectores buscan cambios en privatizaciones y definiciones sobre manifestaciones y legítima defensa. El kirchnerismo y la izquierda, por su parte, se inclinan hacia un rechazo total, considerando la eliminación del capítulo fiscal como una "trampa".