La denuncia de Néstor Roberto Santos Voney, de 64 años, llegó a la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos. El hombre recusó al fiscal de Gualeguay, Fernando René Martínez, y al juez de Garantías de aquella localidad, Santiago Elal. Denunció que su hijo fue privado de manera ilegítima de la libertad a partir de una falsa denuncia. El pliego del fiscal fue remitido al gobernador entrerriano en una terna para ocupar un cargo de juez de Garantías.  

El 12 de agosto Néstor Roberto Santos Voney, con el patrocinio de Carlos Guillermo Reggiardo, remitió una nota a la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, con una denuncia en el contexto de las actuaciones que sustancian en un legajo por supuesta comercialización de estupefacientes, por el delito de “Privación ilegítima de la libertad y falsa imputación en causa, previo pago de 2.500 dólares”. 

La presentación consignó la recusación del fiscal de Gualeguay, Fernando René Martínez, y del juez de Garantías local, Sebastián Elal, “por la intervención en autos y se solicita audiencia de nulidad y sobreseimiento en el caso de existir un legajo real en el que esté imputado por algún delito”. 

Intervención urgente

Voney solicitó “medidas urgentes, que se busquen los expedientes, y se pida al procurador Jorge Amílcar Luciano García la intervención urgente así como el Colegio de la Abogacía y la Sala Penal (por la Oficina de Gestión de Audiencias), y al Ministerio de Seguridad de la provincia, para que intervengan porque acá en Gualeguay en 2024 hay detenciones ilegales, causas que se llevan adelante sin respetar la ley donde un fiscal, un abogado y policías llevan adelante causas, imputan a quien y como quieren, hay un muerto y no pasa nada".

Imagen
La denuncia de Voney pone en un aprieto al gobierno de Rogelio Frigerio en función de la política comunicacional que lleva adelante el gobernador destacando que la suya es una gestión distinta a la de su antecesor, el peronista, Gustavo Bordet, hoy en la Cámara de Diputados de la Nación. Así, al escándalo que generó que quien era titular del Ente Portuario Provincial, Juan Ruiz Orrico, que protagonizó un siniestro vial en el que murieron cuatro jóvenes trabajadores de la pequeña localidad de Basavilbaso a bordo de un auto oficial, se suma que el primer mandatario tiene para la firma el pliego de Martínez como integrante de la terna para ocupar el cargo de juez de Garantías de la localidad de Nogoyá.

Objeto 
Voney interpuso “formalmente denuncia por Privación ilegítima de la libertad, falsa imputación en causa, previo pago de 2500 dólares estadounidenses” y recusó al juez y al fiscal “por la intervención en autos”, solicitó una “audiencia de nulidad y sobreseimiento en el caso de existir un legajo real en el que este imputado por algún delito”.
El denunciante sostuvo que su hijo, Emanuel Voney, de 38 años, es una “personal de fragilidad emocional, bajo tratamiento psiquiátrico que ha sido víctima de una causa armada, con participación del fiscal Fernando René Martínez, personal policial, mi ex abogado Rubén Gallardo y probablemente el juez de Garantías doctor Elal”.

Ilegal
Voney padre añadió que “en la causa mencionada mi hijo fue detenido en condiciones poco claras y ahora recién me anoticio que no se le realizó audiencia de medidas, que no era cierto que el juez había dispuesto la prisión preventiva; que fue alojado de manera ilegal en la Jefatura de Paraná y que está siendo sometido a un proceso donde se lo amenaza con una pena de cumplimiento efectivo cuando su único delito fue haber caído en el consumo de sustancias, agravado por su inmadurez, y siendo chivo expiatorio para lograr que dos personas que dicen que ‘prestaban sus lugares para que venda’ de apellido Palacios y Boullon, que sospechosamente prestaron declaración de imputado en abril de este año, haciendo cargo a mi hijo y poniendo sobre el todo el peso de la persecución, cuando él era un consumidor que fue aprendido en la calle con una bolsa que acababa de comprar por 11.000 pesos con menos de un gramo de sustancia”.

¿Suicidio?
Voney sostuvo que “lo más grave es que en ese allanamiento la persona que le vende la sustancia y es identificada, se suicida días más tarde en la ciudad de médanos, invirtiendo Martínez los roles y pretendiendo imputarle a mi hijo que él le había vendido”. También manifestó que “el abogado Gallardo me aseguro en fecha 25 de enero, cuando tras una serie de allanamientos que se publicaron como gran logro de la Policía, publicando la entrada a la casa de mi hijo, me pidió 2.500 dólares para arreglar con el fiscal la libertad, y lo tuvo casi 10 días en Jefatura, hoy me entero que esa detención fue ilegal, ya que según un oficio (todo se acompaña) fue solicitada por la defensa de mi hijo”.

También cuestionó que “en la cedula que le dieron, notificándolo, no dice como en el oficio que es un acuerdo de partes, sino que es orden del doctor Elal, llamando esto mi atención y consultando un profesional foráneo ante tanto misterio e irregularidades que se ven en toda la documental que acompaño”. 

Abreviado
El denunciante destacó que “se puede advertir como Martínez abrevio en dos años condicional a quienes eran los dueños de los dos kioscos de droga y pretenden hacer responsable a mi hijo quien estaba comprando en la calle”. Añadió que “para hacerme poner dinero se me mando una foto de quien le vendía droga, asegurando que se había suicidado por esta causa, y el día jueves me reuní con el fiscal quien me aseguro que la situación de mi hijo era grave cuando tenemos evidencia que jamás vendió ni nada, solo ha consumido y no tiene ningún vínculo con el hampa”.

Voney sostuvo que “es grave que un fiscal sin ninguna prueba, y solo con los dichos, pongan a mi hijo como supuesto narco, y se escinda de prisión a quienes le vendían, y que sin ninguna prueba dicen que mi hijo era quien vendía y ellos ‘prestaban’ gentilmente el lugar, siendo, según el fiscal la participación ‘secundaria’ nótese que esas declaraciones que me presenta Gallardo fueron remitidas del mail de unidad fiscal al mail de Ignacio Fernández (que no es ni abogado defensor ni parte en la causa)”.
También resaltó que “los celulares secuestrados a mi ex nuera fueron devueltos sin peritar, sin intervención del juez, evidenciando que el doctor Martínez ha llevado adelante esta causa, dispuesto de la prueba y acomodado la imputación sin respetar ninguna norma”.