Julio Rodríguez Signes, fiscal de Estado de Entre Ríos, respalda el fallo judicial que permite la aplicación de agroquímicos en un radio de 100 metros de los límites de loteos subrurales y poblaciones, y de 500 metros en aplicaciones aéreas. La decisión surge a raíz de una demanda de amparo ambiental presentada por Ximena Rosso, presidenta de la Comisión Vecinal en la urbanización "Tierra Alta".

En la demanda, Rosso buscaba suspender las fumigaciones a menos de 1.100 metros desde el límite del loteo y a menos de 3 kilómetros en caso de ser aplicaciones aéreas. Argumentaba que los residentes estaban expuestos a químicos nocivos, respaldando su reclamo con análisis clínicos y estudios que evidenciaban riesgos para la salud.

Los eventos ocurrieron en la urbanización "Tierra Alta", ubicada a unos 500 metros de Colonia Ensayo. La policía constató una máquina fumigadora en un campo lindante, y posteriormente, los residentes experimentaron olores irritantes y malestares tras las aplicaciones. La propietaria del campo, César Haberkorn, alegó desconocimiento de normativas y que las fumigaciones eran no intencionales.

El juez Emilio Matorras reconoció la contaminación, pero argumentó que la prohibición total afectaría extensas áreas productivas. Se basó en el decreto 2239/19, estableciendo distancias mínimas de 100 metros para fumigaciones terrestres y 500 para aéreas.

Rodríguez Signes respalda la medida, destacando la necesidad de equilibrar la actividad agrícola y la preservación ambiental. Considera que la solución judicial es "lógica e importante" al proteger tanto la salud como la actividad económica en la región.