En una transmisión en cadena nacional, el presidente Milei presentó un extenso Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que busca desregular la economía argentina. Entre las reformas propuestas se encuentran el fin de leyes de Alquileres, Tierras y Abastecimiento, la flexibilización del mercado laboral y la apertura a la privatización de empresas públicas.

En el título 1 del DNU, se declara la "emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social hasta el 31 de diciembre de 2025". El artículo 2° aboga por la desregulación del comercio, servicios e industria en todo el territorio nacional, eliminando restricciones a la oferta de bienes y servicios.

El título 2 incluye la derogación de diversas leyes, como la de Promoción Comercial, Góndolas, Abastecimiento, Observatorio de Precios, Locación de Inmuebles y otras. Además, se menciona la transformación de empresas del Estado en Sociedades Anónimas.

En el ámbito laboral, el DNU modifica leyes para simplificar procesos de registración, extiende el período de prueba a 8 meses y permite acuerdos alternativos de indemnización entre empleador y empleado. También restringe el derecho a huelga en actividades consideradas "servicios esenciales".

En el capítulo de comercio exterior, se limitan los controles de la Aduana, estableciendo que el Poder Ejecutivo Nacional no puede imponer prohibiciones o restricciones a las exportaciones o importaciones por motivos económicos, salvo por ley.

En materia de tierras, se deroga la Ley de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad de Tierras Rurales, eliminando restricciones para la venta de tierras a extranjeros. Se derogaron leyes vinculadas a la minería, vitivinicultura, algodón y promoción industrial.

El DNU aborda también la política aeronáutica, eliminando límites a la multiplicidad de licencias en el orden nacional. Se destacan cambios en la Ley de Alquileres, permitiendo contratos de dos años con actualizaciones semestrales.

Otros aspectos incluyen cambios en la salud privada, desregulación de la actividad turística, modificaciones en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y la apertura a servicios de internet satelital, como el de la empresa Starlink de Elon Musk.

El decreto deberá ser tratado por el Congreso para su aprobación o rechazo.