Una investigación para determinar la utilización de teléfonos celulares para cometer diversos delitos desde el interior de la Unidad Penal N°1 de Paraná permitió conocer la connivencia que existía entre dos funcionarios del área de enfermería del Servicio Penitenciario Provincial y presos.

El martes se presentó un acuerdo de juicio abreviado beneficiosos para los imputados, ya que no se los hizo cómplices de la actividad criminal sino que se los acusó de Incumplimiento de los deberes de funcionario público. Ambos imputados acordaron cumplir la pena de un año y seis meses de prisión condicional, más la inhabilitación especial por tres años y la observación de normas de conducta, por dos años, cada uno.

La jueza de Garantías de Paraná, Elisa Zilli, dará a conocer el martes 24 a las 11 si aprueba o no el acuerdo celebrado entre el fiscal, Santiago Alfieri y los defensores de los imputados Roberto Ariel Rodríguez y Juan Manuel Oliva –ambos enfermeros suboficiales del Servicio Penitenciario de la provincia–, Boris Cohen, y Constanza Bonazzola y Juan Pablo Temón, respectivamente.

Rodríguez, de 40 años, y Oliva, de 41 años, fueron imputados a partir de la denuncia que realizó la jueza de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de la provincia, Cecilia Bértora, quien denunció en 2022 la posible comercializaron estupefacientes en la Unidad Penal y distintos delitos cometidos con dispositivos de telefonía celular y almacenamiento, que eran ingresados y mantenidos en forma clandestina en la Unidad Penal.

La denuncia de Bértora detalla acciones criminales que se cometerían no por directa connivencia del SPP pero sí dice la jueza por “inoperancia, desidia y hasta podría decir cierta complacencia”. La causa por ahora avanzó sobre los guardiacárceles, pero aún no se conoce que pasará con los internos.

Fiscalía entendió que Rodríguez y Oliva, en calidad de autores, “sin poder precisar desde cuándo, pero hasta el 25 de octubre de 2022, en circunstancias de prestar servicio en la Unidad Penal Nº 1 de Paraná, el suboficial Roberto Ariel Rodríguez a cambio de dinero, ingresó a la unidad penitenciaria teléfonos y otros elementos de valor, coordinando con internos de la Unidad Penal y/o con familiares de ellos; articulando pagos en efectivo, incumpliendo con ello los deberes que le incumben como Agente Penitenciario de Entre Ríos, en los términos de los artículo 14 y 15 de la Ley Provincial Nº 5.797 - Ley Orgánica del Servicio Penitenciario de Entre Ríos”.

En la audiencia, el fiscal señaló que la investigación está abierta respecto de las responsabilidades que le podrían corresponder a internos que están investigados por la presunta comercialización de estupefacientes en la Unidad Penal de Paraná.

Según las pruebas los internos bajo investigación utilizaban los teléfonos que les entregaban Rodríguez y Oliva para articular actividades con personas en libertad venta de estupefacientes, llamados extorsivos, secuestro en el interior del establecimiento, defraudaciones especiales mediante dispositivos electrónicos virtuales y datos de medios de pago ajenos y mal habidos.

Los dos acusados cobraban para ingresar los aparatos en cajas de medicamento. Hay familiares de presos que pagaron 5.000 pesos, otros 10.000 y algunos 15.000 pesos. Los pagos por el servicio se podía realizar en efectivo o transferencia. El trabajo investigativo que realizó la División Robos y Hurtos de la Policía provincial permitió determinar cruce de transferencias entre los internos sospechados y los acusados.