Por Néstor Belini

En pocos días se conocieron denuncias contra jueces y fiscales de Entre Ríos. La más resonante fue la que se formuló contra el vocal de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Paraná, Marcelo Baridón. Recientemente se conoció la que se presentó contra el fiscal interino de Rosario del Tala, Federico Uriburu. Fuentes judiciales deslizaron que hay otro fiscal del norte entrerriano que fue denunciado por violencia de género, el mismo delito por el que está siendo investigado Uriburu. Se sumó el inicio de una “amplia información sumaria” para recabar datos sobre la conducta del vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguaychú, Arturo Dumón, también por una causa de violencia de género en su contra que se está tramitando en un juzgado de aquella ciudad.

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la provincia se involucró de lleno en los casos. Esta intervención fue criticada por algunos sectores. No obstante, se puede advertir en las críticas una intención de teñir el escenario con connotaciones políticas que, en estos casos, no tendrían sólido asidero. En este andarivel se puede incluir la reunión de la presidenta del STJ, Susana Medina, con el candidato a gobernador, Rogelio Frigerio.

En ambos casos el STJ, sobre todo su presidenta, tomó rápida intervención y solicitó al titular del Ministerio Público Fiscal (MPF) información de los casos Baridón y Uriburu. La decisión no debería sorprender a nadie –solo podría estarlo quien se hace el distraído de las vicisitudes judiciales o tiene intereses particulares- puesto que Medina ha manifestado públicamente su mirada sobre el servicio de Justicia y la calidad profesional y humana que debería demostrar la magistratura. En aquella mirada no están quienes no aportan a la construcción de un servicio de Justicia de puertas abiertas ni quienes no observen una conducta acorde a la alta responsabilidad de impartir justicia, que los determina.

Algo de aquello se vislumbra en los fundamentos de la “suspensión precautoria” de Baridón; en el pedido de adopción de “medidas preventivas” por parte del MPF, en el caso del fiscal Uriburu; y en la “amplia información sumaria” en la caso del vocal Dumon. En el caso Baridón, en los considerandos de la resolución, el Alto Cuerpo recordó que podía disponer la suspensión “en función de la atribución constitucional de ejercer la Superintendencia General de la Administración de Justicia, es deber del STJ velar para que la actividad judicial se desarrolle dentro de un ambiente de orden, respeto y probidad en el recinto de los Tribunales”. Así, despejó las dudas de quienes murmuraban que no tenía competencia.

En el caso del fiscal interino, sostuvo que disponer de medidas preventivas era pertinente en función de que se estaba investigando si el funcionario del MPF incurrió en una violación del “deber impuesto” por la Ley 5.143 de Empleados Judiciales, Estatuto y Escalafón, que en el artículo 10 inciso c les impone “guardar una conducta pública y privada compatible con el cargo”. Asimismo se destacó que se tomó “en consideración las reiteradas denuncias de violencia de género que se han interpuesto en su contra y que han motivado la adopción de medidas por parte de distintos organismos del Fuero de Familia”.

Las noticias sobre supuestas inconductas de funcionarios judiciales no dejan de sorprender a allegados a ámbitos político-judiciales. Sería imprescindible que llegaran a movilizar al resto de los ciudadanos y ciudadanas para que entiendan que son parte del servicio de Justicia como inspiradores del mismo y no solo como destinatarios de sus instrumentos punitivos.

Por Néstor Belini