El secretario de Justicia de Entre Ríos, Martín Acevedo Miño, se refirió al proceso de designación de funcionarios judiciales en la provincia. Fue en el contexto de manifestaciones ante la posibilidad de que el Poder Ejecutivo se aparte de la tradición de seleccionar al primer postulante a ocupar un cargo en el Poder Judicial, de la terna correspondiente.

En declaraciones que publicó el sitio Análisis, Acevedo Miño se refirió “a las expresiones públicas y a las comunicaciones efectuadas al Senado por parte de la seccional Colón del Colegio de la Abogacía y del Partido Justicialista de ese departamento, que proponen un nombre para un cargo en esa jurisdicción y objetan la propuesta del Poder Ejecutivo”.

“El proceso de nombramiento de los jueces, desde la reforma constitucional de 2008, establece que es el Consejo de la Magistratura el órgano que se ocupa del proceso de selección de quienes aspiran a desempeñarse en cargos en el Poder Judicial”, precisó el secretario.

Añadió que “el Consejo de la Magistratura realiza concursos y en base a esos resultados le propone al Poder Ejecutivo las ternas con los nombres para cubrir esas vacantes. Luego, el Poder Ejecutivo hace uso de la potestad de elegir entre esos nombres y eleva una propuesta a la Cámara de Senadores”.

“Es importante señalar que, según la normativa vigente, el Poder Ejecutivo puede elegir cualquiera de los tres nombres propuestos. No es obligación que elija a alguno en particular. Y es en el marco de estas facultades constitucionales que se está desarrollando el proceso de designación de jueces en la provincia de Entre Ríos desde la asunción del gobernador Rogelio Frigerio”, remarcó el funcionario.

“Más allá de que algún sector prefiera tal o cual candidato o no le guste algún nombre, es importante destacar que se está obrando en un marco de total legalidad, dentro de lo que marca nuestra Carta Magna. Y es importante hacerlo saber porque lamentablemente no siempre fue así en nuestra provincia”, agregó Acevedo Miño.

Acerca de reclamos puntuales, expresó: “También la Constitución nos asegura el derecho a la libre expresión, pero en modo alguno puede tomarse como la posibilidad de instar al gobernador a designar a un ciudadano o ciudadana que tiene la misma expectativa que los otros que conforman la terna”.

En aquel sentido, opinó: “Vemos en este caso que hay entidades que buscan interceder explícitamente en favor de un nombre y en desmedro de otros, sin esgrimir ninguna razón constitucional, pero no es una petición que constitucionalmente podamos considerar”.

Finalmente, el funcionario informó que los pliegos correspondientes fueron elevados al Senado donde, según marca la normativa, serán analizados en el seno de la Comisión de Asuntos Constitucionales y se continuará normalmente con el proceso de designación para cubrir vacantes que, en algunos casos, desde hace años están a cargo de funcionarios judiciales designados en forma interina.