El Gobierno Nacional está evaluando un proyecto de decreto que eliminaría el Sistema Único de Prestaciones Básicas para la atención de personas con discapacidad, vigente desde 1997. Este sistema establece valores uniformes para todos los prestadores y garantiza el acceso igualitario a los servicios de salud. La propuesta cuenta con el aval del director de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnoulo, y está en estudio en la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia.

La Ley 24.901 asegura que todas las personas con discapacidad reciban la misma atención independientemente de su situación económica. La desregulación permitiría que cada entidad financiadora tenga su propio nomenclador con distintos aranceles para una misma prestación, lo que podría generar desigualdades en el acceso a los servicios de salud.

Organizaciones de familiares de personas con discapacidad advierten que la medida afectará a 200.000 personas y pondrá en riesgo 150.000 empleos. Además, señalan que ocho de cada diez personas con discapacidad viven en condiciones de vulnerabilidad económica, y muchos dependen de pensiones insuficientes para cubrir sus necesidades básicas.

La semana pasada, se realizaron protestas en varios puntos del país, donde manifestantes expresaron su preocupación por las consecuencias de la desregulación. Los trabajadores del sector también temen que sus empleos se precaricen aún más.

El diputado Eduardo Valdés, junto con otros legisladores, presentó un proyecto en el Congreso para detener el avance del decreto. Valdés destacó que más del 10% de la población se vería afectada, poniendo en peligro décadas de avances legislativos y luchas sociales en favor de las personas con discapacidad.

Hasta ahora, no ha habido respuesta del Gobierno Nacional, mientras que la Asamblea de Personas con Discapacidad busca establecer un canal de diálogo con el nuevo Jefe de Gabinete, Guillermo Francos.