En una operación conjunta entre la Justicia Federal y la Policía Federal Argentina, se llevaron a cabo 27 allanamientos en la ciudad de Buenos Aires. Estas medidas fueron parte de una investigación relacionada con denuncias de extorsión y coacción a beneficiarios de planes sociales. Los dirigentes señalados pertenecen al Polo Obrero, Movimientos Barrios de Pie y Frente de Organizaciones en Lucha, quienes habrían exigido la participación en manifestaciones públicas y la entrega de dinero a cambio de mantener los beneficios sociales.

Las denuncias, recibidas a través de la Línea 134 del Ministerio de Seguridad, llevaron a la Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal a ordenar estos allanamientos. Según las autoridades, los implicados habrían exigido coactivamente a los beneficiarios de planes sociales su participación en actividades políticas y la entrega de una parte del dinero, amenazando con cancelar sus beneficios en caso de negativa. Se estima que al menos 924 casos se vieron afectados por estas prácticas coercitivas.

Los allanamientos se llevaron a cabo en domicilios pertenecientes a los dirigentes mencionados, así como en sedes de cooperativas vinculadas a ellos. Durante los operativos, se secuestraron dispositivos electrónicos, documentación relacionada con los planes sociales y otros elementos probatorios. Además, se solicitó el levantamiento del secreto fiscal y bancario de los involucrados para determinar el destino final del dinero obtenido de forma ilícita. Este caso pone de manifiesto la importancia de la colaboración entre el Ministerio de Seguridad y la Justicia para combatir la corrupción y proteger los derechos de los beneficiarios de planes sociales.