El juez Julián Ercolini dictó una medida de inhibición general de bienes contra el ex presidente Alberto Fernández en el contexto de la causa relacionada con los seguros del Banco Nación. Esta medida implica un congelamiento de todas las inversiones y plazos fijos del ex mandatario, así como la solicitud de información detallada sobre sus movimientos financieros desde 2009.

La medida, que levanta el secreto bancario y fiscal sobre los productos financieros de Fernández, también incluye la solicitud de información a entidades bancarias y financieras sobre todas las operaciones pasivas y activas del ex presidente, así como la existencia de cajas de seguridad y fondos comunes de inversión.

Además, el juez Ercolini solicitó a la Oficina Anticorrupción las declaraciones juradas anuales integrales de Alberto Fernández y otros investigados en la causa, con carácter de urgencia. Esta medida impone un virtual letargo en la vida económica de Fernández, restringiendo su capacidad para disponer libremente de su patrimonio.