El gobierno nacional liderado por Javier Milei está llevando a cabo una masiva desvinculación de empleados públicos contratados, lo que ha desatado preocupación y malestar en el sector sindical. Si bien no se ha proporcionado una cifra oficial, se estima que entre el 15% y el 20% de los contratos no serán renovados, afectando a miles de trabajadores del Estado. Esta medida se enmarca en el decreto 84/2023, que estableció una revisión de contratos a fines del año pasado y que ahora culmina con la no renovación de una parte significativa de los mismos.

Los gremios estatales, como UPCN y ATE, han expresado su rechazo a estos despidos y se encuentran en estado de alerta, organizando protestas y jornadas de lucha frente a las sedes gubernamentales. Se espera que entre 10.500 y 15.000 empleados públicos sean cesanteados, generando incertidumbre y malestar en distintos organismos del Estado.

Las modalidades de desvinculación varían según cada organismo, pero se ha informado que muchas de estas decisiones se están llevando a cabo de manera verbal y sin notificación oficial. Este proceso de recorte ha generado tensiones en diversos sectores, como en Anses, donde recientemente fueron desvinculados 910 trabajadores, y en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Cenard), donde se prevé un recorte del 30% del personal. La situación se agrava con la falta de instrucciones claras desde la Jefatura de Gabinete, lo que ha aumentado la incertidumbre entre los empleados afectados.