El nuevo código otorga a los fiscales la tarea principal de dirigir las investigaciones penales, relegando a los jueces a autorizar solicitudes y velar por las garantías procesales. Con este cambio, el juez interviene en las investigaciones solo después de una audiencia, lo que promete acelerar los procedimientos judiciales. Además, se establece un sistema adversarial y oral, lo que se espera que contribuya a una mayor celeridad en los procesos judiciales.

La implementación de esta reforma coincide con la ley de Microtráfico de drogas en la provincia, destinada a aliviar la carga del fuero federal al perseguir penalmente la venta de drogas a menor escala, permitiendo que se centre en organizaciones narcotraficantes importantes y casos de lavado de dinero.