La CGT había judicializado el Título IV del DNU, logrando que la Justicia suspendiera su aplicación mediante un recurso de amparo.

En su fallo, los camaristas Diez Selva, Guisado y Fera fundamentaron la decisión en que el Título IV del DNU es contrario al artículo 99, inciso 3º, de la Constitución Nacional, que limita las facultades legislativas del Poder Ejecutivo. Recordaron que el ejercicio de estas facultades es excepcional y solo se justifica en situaciones de fuerza mayor o urgencia, condiciones que no se verifican en este caso.

Los jueces subrayaron que, antes de la entrada en vigencia del DNU, el Congreso estaba convocado a sesiones extraordinarias y tenía la facultad de examinar las reformas propuestas en dicho decreto. Argumentaron que la vulnerabilidad de los trabajadores, dados sus derechos alimentarios y la desigualdad en la relación laboral, hace indispensable que las reformas laborales sean debatidas y legisladas por el Poder Legislativo.