En el marco de dicha ley, este lunes se llevó a cabo la demolición de dos puntos de venta de estupefacientes en Necochea e Ivanowsky, en la zona sureste de Rosario. El operativo, ordenado por la Justicia y supervisado por autoridades del gobierno de Santa Fe, tuvo como resultado la amenaza a los trabajadores municipales que participaban en la demolición, así como al gobernador Maximiliano Pullaro.

El secretario de Seguridad Pública de la provincia, Omar Pereyra, explicó que estos puntos de venta habían pasado por diversas manos y bandas, siendo escenarios de disputas territoriales. Se realizaron allanamientos previos que proporcionaron pruebas positivas presentadas ante la Fiscalía y autorizadas por la jueza penal Silvia Castelli.

Pereyra aclaró que, aunque comúnmente se les denomina "búnkers", los inmuebles derribados eran más bien "puntos de venta", ya que no tenían una infraestructura permanente. Durante la demolición, una mujer que vivía en uno de los inmuebles afectados afirmó que ni ella ni su familia estaban involucradas en la venta de drogas.

El funcionario destacó la respuesta positiva de las nuevas medidas de seguridad implementadas, incluyendo custodias fijas y la recuperación de 50 vehículos robados. Además, hizo referencia a la amenaza contra Pullaro y los trabajadores municipales, señalando que se desplegó un importante operativo policial para resguardar su seguridad durante los derrumbes.