Un hombre de 30 años oriundo de Rosario fue detenido y quedó en prisión preventiva acusado de haber montado un esquema de explotación sexual a través de redes sociales. La investigación determinó que captaba a mujeres jóvenes mediante Instagram y luego comercializaba contenido íntimo grabado con ellas en plataformas digitales.

Según la fiscalía, el acusado utilizaba perfiles falsos para contactar a las víctimas y ofrecerles dinero a cambio de participar en videos sexuales. Les aseguraba que el material sería difundido únicamente en el exterior, pero luego era publicado sin restricciones geográficas, lo que permitía su circulación también en Argentina.

La causa se inició en marzo de 2025 a partir de una denuncia anónima recibida en la línea 145. A partir de allí, la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) logró identificar cuentas utilizadas en la maniobra y vincularlas técnicamente con el imputado mediante teléfonos e IP.

Con el avance de la investigación, se estableció que el acusado no solo captaba a las víctimas, sino que también organizaba encuentros en distintas provincias, realizaba las filmaciones, editaba el material y lo comercializaba de forma sostenida en el tiempo. Además, utilizaba grupos en aplicaciones de mensajería para promocionar los videos.

En una primera instancia, el hombre había sido imputado en 2025 por casos vinculados a tres víctimas y permanecía en libertad bajo una caución económica. Sin embargo, la aparición de nuevos hechos evidenció que habría continuado con su actividad delictiva, lo que motivó su reciente detención.

Actualmente, se le atribuyen al menos ocho casos de trata de personas con fines de explotación sexual, agravados por el engaño y el aprovechamiento de la vulnerabilidad de las víctimas, en su mayoría jóvenes de entre 18 y 19 años.

Los testimonios recolectados dan cuenta del impacto que tuvo la difusión del material, que en varios casos llegó a entornos personales y familiares de las víctimas, generando graves consecuencias emocionales y psicológicas.

Para la fiscalía, se trata de un esquema organizado que no solo implicaba la captación y producción de contenido, sino también su explotación económica prolongada en el tiempo, lo que configura una modalidad de trata adaptada al entorno digital.