La Fiscalía Federal de Santa Fe solicitó la elevación a juicio oral de un productor rural de 25 años, acusado de trata de personas con fines de reducción a la servidumbre. La causa se originó tras la detección de trabajadores en condiciones extremas en un campo de frutillas ubicado en Arroyo Leyes.

La investigación comenzó en septiembre de 2025, luego de que tres personas denunciaran haber escapado de un establecimiento rural donde eran sometidas a condiciones laborales y de vida precarias. A partir de ese testimonio, se ordenó un allanamiento que permitió identificar a decenas de trabajadores en el lugar.

Según la acusación, la mayoría de las presuntas víctimas provenía de la provincia del Chaco y había sido trasladada con promesas laborales que no se cumplieron. El esquema incluía el pago de los pasajes por parte del empleador, que luego eran descontados de los salarios, generando una situación de endeudamiento que limitaba la posibilidad de abandonar el trabajo.

Con el avance de la causa, la Fiscalía centró la imputación en 20 trabajadores, cuyos testimonios describen jornadas laborales que comenzaban de madrugada y se extendían por más de doce horas, sin días de descanso y con remuneraciones por debajo de lo establecido por la ley.

Las condiciones habitacionales también eran extremadamente precarias. Los trabajadores dormían en construcciones improvisadas, sin acceso a servicios básicos, agua potable ni instalaciones sanitarias adecuadas. Para higienizarse, debían recurrir a zonas de monte, y el agua que consumían era almacenada en recipientes utilizados previamente para agroquímicos.

Durante el procedimiento judicial, se secuestraron importantes sumas de dinero en efectivo, armas de fuego y documentación vinculada a descuentos aplicados a los trabajadores por insumos básicos, lo que reforzó la hipótesis de un sistema organizado de explotación.

Para los fiscales, el caso configura un esquema de aprovechamiento de la vulnerabilidad económica de las víctimas con el objetivo de maximizar beneficios. Ahora, será la Justicia la que deberá definir si el acusado enfrenta un juicio oral por estos hechos.