Brisa Leguizamón y Esteban “Pinky” Rocha, la pareja que quedó expuesta tras la sangrienta boda narco de Ibarlucea en 2022, fue condenada en los últimos días en una causa anterior por narcomenudeo. El Tribunal Oral Federal N°1 homologó un acuerdo abreviado que fijó penas de cinco años para ella y cuatro para él, aunque ambos ya cumplieron casi la totalidad de las condenas y podrán recuperar la libertad.

El proceso se vinculaba a una investigación desarrollada entre 2016 y 2019, donde fueron señalados como “eslabones inferiores” de una organización liderada por Olga “Tata” Medina en la zona norte de Rosario. Esa misma causa derivó en la condena de Medina a seis años y medio de prisión en 2022, junto a otros diez implicados.

La sentencia llega después de un largo derrotero judicial y policial. Leguizamón y Rocha habían quedado prófugos tras el casamiento celebrado el 29 de enero de 2022, cuando un ataque armado dejó tres víctimas fatales: el narco Iván Giménez, su pareja Erica Romero y su hija de un año y medio. En enero de 2023 fueron localizados en Asunción, Paraguay, y extraditados a la Argentina meses más tarde.

Pese a que ese triple crimen reveló la magnitud de sus vínculos con el mundo narco, hasta el momento no hay detenidos por la masacre. En paralelo, otros protagonistas del entramado delictivo, como Fabián “Calavera” Pelozo, acumulan condenas por tráfico de cocaína, aunque sin imputaciones concretas en el episodio de Ibarlucea.

La resolución judicial sobre la pareja deja al descubierto la lentitud del sistema: la causa resuelta ahora no alcanza a explicar cómo financiaron un casamiento de lujo ni cómo lograron sostenerse económicamente durante su fuga. Mientras tanto, el trasfondo más grave —la masacre que sacudió aquella fiesta— sigue sin esclarecerse.