La Justicia imputó a 14 personas en una causa que investiga la compra de armas de fuego de manera legítima, presuntamente para su posterior reventa en el mercado negro. La mayoría de los acusados estaban registrados como usuarios legales en la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC). Hasta ahora, once de los implicados han recibido prisión preventiva, mientras que a otros tres se les dictaron medidas alternativas.

Según los fiscales de la Unidad de Homicidios Dolosos, Patricio Saldutti, Gastón Ávila, y Carla Cerliani, el grupo está acusado de provisión ilegal de armas, tenencia ilegítima y participación necesaria en un homicidio, entre otros cargos. El juez Hernán Postma aprobó las prisiones preventivas, que en algunos casos se extenderán hasta 2025.

La fiscalía detalló que doce de los imputados compraron más de 200 armas en total, en su mayoría de calibre grueso y sin justificación de ingresos suficientes para tales adquisiciones. Las autoridades solo lograron recuperar dos de esas armas durante los allanamientos. El fiscal Ávila mencionó que uno de los acusados, con un ingreso mensual de 600 mil pesos, adquirió 35 pistolas en el último año, invirtiendo más de 28 millones de pesos, lo que califica como "inusual" y apunta a un esquema organizado de tráfico de armas.