La Argentina no solo atraviesa super crisis económica, política y social, sino que además el gobierno nacional propone reducir la edad de imputabilidad a 14 años. En lugar de buscar una solución integral, la actual política intensifica la criminalización de la pobreza y centra sus esfuerzos en los jóvenes y el narcomenudeo.

Las organizaciones delictivas operan en una red global que abarca desde el tráfico de drogas y armas, hasta la trata de personas y el lavado de dinero. Estas redes criminales tienen la capacidad de infiltrarse en las instituciones políticas y económicas, corrompiendo a funcionarios y manipulando sistemas legales. Entonces, ¿todo está perdido? En realidad, no. La lucha contra la criminalidad organizada requiere una cooperación internacional robusta y una estrategia que vaya más allá de las simples medidas represivas. 

En América Latina, el narcotráfico es uno de los componentes más visibles y destructivos de estas organizaciones criminales. México, Colombia y Brasil han enfrentado durante décadas la violencia y la desestabilización provocadas por los cárteles de la droga y la militarización de la lucha contra el narcotráfico demostrando que nunca es suficiente y, en muchos casos, contraproducente, exacerbando la violencia y provocando violaciones a los derechos humanos.

Cómo estamos por casa

Argentina no es ajena a estos desafíos. En los últimos años, se ha visto un aumento en la actividad de organizaciones criminales, sobre todo en el narcotráfico. Una de las consecuencias más alarmantes de esta situación es la explotación de jóvenes y niños en el llamado “narcomenudeo”.

Las estadísticas hablan por si solas 

Narcomenudeo: Los menores representan aproximadamente el 10% de las personas arrestadas por delitos relacionados con drogas, según el Ministerio de Seguridad de Argentina.
Delitos Violentos / Robos a Mano Armada: Los menores están involucrados en un 12% de los robos a mano armada en Argentina, según el Informe de Criminalidad del Ministerio de Seguridad.
Robos: En cuanto a robos generales, los menores representan el 10% de los casos.
Homicidios: Los menores cometen alrededor del 6% de los homicidios en Argentina, de acuerdo con el Informe Nacional de Estadística Criminal.

La venta al por menor de drogas o narcomenudeo, es una actividad que a menudo es delegada a menores de edad por parte de las organizaciones criminales. Los jóvenes son captados debido a su vulnerabilidad y a la percepción de que enfrentarán consecuencias legales menos severas en comparación con los adultos. La respuesta del Estado a este problema es la criminalización de estos jóvenes, una estrategia que ignora las causas subyacentes de su reclutamiento.

¿Propuestas? Controversiales

Las políticas actuales en Argentina se centran, como dijimos, en criminalizar a los jóvenes y adolescentes involucrados en el narcomenudeo; medidas punitivas, que no sólo son insuficientes, sino que pueden agravar la situación. 

El gobierno de Javier Milei ha presentado un proyecto de ley que propone reducir la edad de imputabilidad a 14 años, una medida que ha generado un intenso debate en la sociedad y que, si comparamos con otros países, vemos ejemplos como Portugal, que ha adoptado un enfoque más comprensivo hacia el consumo y tráfico de drogas. 
Portugal despenalizó todas las drogas en 2001 y enfocó sus esfuerzos en la prevención y el tratamiento, en lugar de la criminalización. Los resultados han sido notablemente positivos, con una reducción significativa en el consumo de drogas y en la criminalidad asociada.

En contraste, países como Estados Unidos han seguido políticas más punitivas, como la “Guerra contra las Drogas”, que ha resultado en tasas de encarcelamiento masivas sin una disminución proporcional en el consumo de drogas o en la actividad criminal.

Alternativas 

Reducir la edad de imputabilidad en Argentina podría tener consecuencias nefastas. Encarcelar a menores no sólo no aborda las causas estructurales de su involucramiento en el narcotráfico, sino que además los expone a entornos de mayor criminalidad y violencia, incrementando las probabilidades de reincidencia y dificultando su reintegración social.

En lugar de criminalizar a los jóvenes, es imperativo que las políticas se orienten hacia la prevención y la creación de oportunidades. Esto incluye invertir en educación, programas de desarrollo comunitario, y ofrecer alternativas reales para que las y los jóvenes puedan desarrollarse. A la vez, es necesario abordar la corrupción y la ineficacia en las fuerzas de seguridad y en el sistema judicial, que permiten que las organizaciones criminales operen con tanta impunidad. Es hora de adoptar un enfoque más humano y efectivo, centrado en la prevención, la educación y la inclusión social. 

Por Juan Francisco Venturino y Gabriella Danieri 

Fuentes consultadas 
- Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) - Informe Mundial sobre las Drogas 2022
- Oficina de Estadísticas de Justicia (BJS) - Informe de Justicia Juvenil 2023
- Ministerio de Justicia de Brasil - Informe de Seguridad Pública
- Observatorio Nacional de Criminalidad (México)
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)
- Ministerio de Seguridad de Argentina - Informe Nacional de Criminalida