El Gobierno Nacional publicó un decreto que desregula las obras sociales. Esta medida, que elimina la intermediación sindical, plantea preocupaciones sobre el acceso a la atención médica para los empleados con menor poder adquisitivo.

La normativa, incluida en el Decreto 170/2024, firmado por el Gobierno, permite a más de 14 millones de trabajadores en relación de dependencia y más de 5 millones de personas en el sistema general elegir entre obras sociales y prepagas. Sin embargo, existe la preocupación de que los trabajadores con menores ingresos no puedan costear las cuotas de las prepagas, lo que afectaría su acceso a la atención médica.

Anteriormente, las obras sociales actuaban como intermediarias en el proceso de elección de cobertura, reteniendo un porcentaje del dinero antes de girarlo a las prepagas. Ahora, con la eliminación de esta intermediación, se teme que una disminución en la cantidad de afiliados a las obras sociales pueda desfinanciar el sistema y precarizar las prestaciones para aquellos que más las necesitan.

El decreto también derogó un artículo clave de la ley que establecía que las obras sociales debían destinar al menos el 80% de sus recursos a la prestación de servicios de salud para sus beneficiarios. Esta medida amplía la competencia entre obras sociales y prepagas, pero plantea desafíos significativos para garantizar una cobertura adecuada para todos los trabajadores.