El Ministerio Público de la Acusación de Rosario actualmente maneja 20 casos penales relacionados con hackeo y robo de fondos en cuentas bancarias. Recientemente, una empresa en Rosario sufrió una pérdida significativa, $30 millones, debido a una táctica de "phishing." El dinero fue dirigido a la cuenta de un municipio cordobés que también había sido hackeado y despojado. Según el fiscal Matías Ocariz, la plata recolectada en estas operaciones fue redireccionada a billeteras virtuales, criptomonedas y nuevas cuentas bancarias.

Estos casos de cibercrimen generalmente involucran la colaboración de Gendarmería y la División de Cibercrimen de la Agencia de Investigación Criminal. Las víctimas tienden a ser empresas debido a su mayor capacidad de movimiento de dinero en comparación con individuos.

El "phishing" implica el envío masivo de software malicioso, generalmente bajo la apariencia de correos electrónicos de instituciones reconocidas, como empresas de servicios públicos o instituciones gubernamentales. Cuando las víctimas hacen clic en los enlaces en estos correos electrónicos, sus sistemas se infectan y los ciberdelincuentes obtienen acceso a sus credenciales bancarias.

Estas estafas suelen llevarse a cabo los viernes, ya que los bancos tienen menos actividad durante los fines de semana y no pueden intervenir con tanta prontitud.

En este caso particular, la empresa afectada denunció que todo su dinero robado fue transferido a la cuenta de un municipio cordobés, que también había sido víctima de un hackeo de "phishing." Se cree que los ciberdelincuentes utilizaron la cuenta del municipio como intermediaria para mover el dinero sustraído a diversas billeteras virtuales.

El proceso de recuperación del dinero y los datos suele ser complicado para las víctimas, y en algunos casos, los bancos bloquean transacciones sospechosas. Sin embargo, en esta ocasión, los ciberdelincuentes lograron mover el dinero robado sin obstáculos.

A pesar del crecimiento de este delito en Argentina, la División de Cibercrimen de la Agencia de Investigación Criminal cuenta con recursos limitados, con solo cinco agentes en Rosario y tres en la capital provincial. Este personal utiliza sus propias computadoras, carece de vehículos y no recibe viáticos para sus investigaciones.