SANTA FE
8 de agosto de 2025
Extorsiones carcelarias: amenazas, balaceras y una corona de flores para infundir terror
Desde la cárcel de Piñero, un grupo de reclusos organizó una serie de extorsiones en Villa Gobernador Gálvez y la región. Hubo ataques con armas, transferencias de dinero, mensajes fúnebres y amenazas firmadas con nombres del mundo narco.
Una trama de extorsiones coordinada desde el pabellón 14 de la cárcel de Piñero quedó expuesta este jueves en una audiencia en el Centro de Justicia Penal. Según la investigación del fiscal Pablo Socca, al menos ocho reclusos orquestaron amenazas y exigencias de dinero contra comerciantes de Villa Gobernador Gálvez y otras localidades. En los hechos intervinieron cómplices en libertad, en su mayoría mujeres cercanas a los presos.
Durante enero de 2025, al menos siete negocios —incluidos una pollería, una distribuidora y locales de ropa— fueron blanco de intimidaciones. A las víctimas les exigieron pagos a cambio de "protección", bajo amenazas de atentados y con referencias a la “mafia” y a los jefes narcos “Guille” Cantero y el “Peruano” Rodríguez Granthon. Una pollería incluso fue atacada a tiros y un mayorista transfirió 500 mil pesos tras recibir mensajes extorsivos desde varios números.
Uno de los casos más inquietantes ocurrió en Carcarañá, donde una pareja recibió una nota intimidante junto a una bala, con amenazas dirigidas al ex acusado por el crimen del “Pájaro” Cantero, Milton Damario. Al día siguiente, apareció una corona de flores con mensajes fúnebres firmados por la familia Cantero, pese a que los actuales moradores aseguraron no tener vínculo con Damario.
Los fiscales sospechan que los reclusos aprovecharon el pasado de la propiedad para intimidar a los nuevos ocupantes y quedarse con la casa. En este hecho quedaron imputados tres presos y una mujer, quienes habrían encargado los arreglos florales a una florería local.
Durante la audiencia también se imputó a Eduardo Gómez, otro interno de Piñero, por dirigir un búnker de drogas en Fray Luis Beltrán junto a su pareja y familiares. La vivienda tiene un pedido de demolición por su vinculación con el narcomenudeo.
Tras escuchar los cargos, el juez Hernán Postma ordenó prisión preventiva para todos los imputados, excepto una de las mujeres, que continuará el proceso bajo arresto domiciliario.
La causa dejó al descubierto, una vez más, el poder de fuego y organización que los reclusos mantienen desde las cárceles, y la facilidad con la que logran operar en la calle mediante redes familiares o sentimentales.
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